El mantra del
PP que asimila los gobiernos del
PSOE al “despilfarro, el paro y la corrupción” se viene abajo. El despilfarro se transforma en medidas impopulares de recorte,
hay casi seis millones de parados
y la avalancha de escándalos desborda a las instituciones. La riada
llega al ya debilitado presidente del Gobierno, que estaba pendiente de
la crisis, la prima de riesgo y Cataluña.
A la larga lista de escándalos se ha sumado la nueva explosión del
caso Gürtel. La espoleta retardada del caso, que ya acabó con concejales, consejeros de Madrid, el presidente de Valencia y
hasta con el juez instructor del caso (Baltasar Garzón), ha explotado en forma de
cuentas en Suiza y de amenaza a Rajoy por
presuntos sobresueldos en la sede de Génova. El panorama se tiñe de negro porque el Gobierno y el PP habían hecho bandera política de las acusaciones a
CiU
(también por la acumulación de casos), por la ausencia de responsables
en la quiebra de las cajas y por la escasa ejemplaridad del final de
otros escándalos,
como el que afecta a Unió.
También porque la crisis económica ha derivado en el cuestionamiento de
la política y de parte de las instituciones y porque los ciudadanos
sufren los recortes. Los 22 millones de euros en cuentas suizas son
siempre mucho dinero, pero mucho más en momentos de sacrificios.
“No tenemos un plan B”, admite un ministro para el que los escándalos
están arruinando su agenda política y su discurso, sin que haya
reacción. El viernes todos los ministros comentaron entre ellos, antes y
después del Consejo, las revelaciones sobre
Bárcenas;
algunos trasladaron a otros su decisión de desmentir que hubieran
cobrado, pero la reunión transcurrió como si nada hubiera pasado. Rajoy
no les dijo nada.
Luego, cuando por segundo viernes consecutivo se preguntó a la vicepresidenta
Soraya Saénz de Santamaría qué medidas prepara contra la corrupción, su respuesta volvió ser remitirse a la
ley de transparencia
que se tramita en el Congreso, contestada por todos los partidos. La
Moncloa pidió al director del Centro de Estudios Constitucionales,
Benigno Pendás, propuestas de regeneración, pero no se incluye ninguna
sobre corrupción. También él se remite a la ley de transparencia. De ahí
no sale tampoco la reacción.
Con este escenario no hay agenda política posible. El PP había
montado para este fin de semana una convención para hablar de la
reducción de gastos en ayuntamientos y, finalmente, el reflejo en los
medios es la corrupción y un supuesto reparto de sobres revelado por
El Mundo.
La agenda del Gobierno también se colapsa: Rajoy diseñó en Navidad un arranque del periodo de sesiones con
el debate sobre el estado de la Nación el 20 de febrero
en el que mostrar iniciativa política y subirse a la ola de un asomo de
recuperación económica, disipando la sombra del rescate.
Tampoco hay discurso que resista.
Cristóbal Montoro impulsó
la amnistía fiscal y el primero que se cuela por esa rendija
es el tesorero del PP. “¿Cómo justificar así la petición de sacrificios?”, se pregunta un dirigente popular.
El Gobierno no prevé medidas concretas contra la corrupción
Otro ejemplo de cómo un escándalo arruina un discurso:
las denuncias sobre el exconsejero Güemes
proporcionan munición a quienes cuestionan la privatización de la
gestión de la Sanidad en Madrid y pueden presentarla como un negocio
para ex altos cargos. Y mientras se tramitaba esa contestada
privatización,
el presidente de Madrid firmaba la compra del ático de los 700.000 euros.
En el Gobierno y en el partido se da por hecho que Bárcenas está
presionando a La Moncloa, una vez desvelada su cuenta en Suiza y
constatado que nadie le apoya ya. Si fuera así, ese chantaje en los
aledaños del presidente sería similar al del exsocio de Urdangarín que
afecta al jefe del Estado. Se embarra el terreno cerca de las dos
instituciones.
El extesorero, que esperaba un horizonte penal más favorable, ha
dejado ver que lleva puesto un cinturón bomba. Pone a Rajoy en el brete
de responder si cobró sobresueldos o si los conoció y no los denunció.
Todo eso con la imagen de Rajoy muy erosionada,
con un insólito 29% de estimación de voto,
con la etiqueta de previsible arruinada y cuando él mismo admite que ha
incumplido su palabra. Le quedaba la de eficaz frente al soberanismo y
la de honrado, aunque con Francisco Camps ya arriesgó y perdió y con
Bárcenas nunca puso distancia.
¿Qué se puede hacer? En el Gobierno se acepta que Rajoy es un
político de motor diésel al que le cuesta arrancar y, en este caso,
fuentes del Ejecutivo explican que hay pocas iniciativas y medidas
legales que se puedan impulsar. No hay respuesta a la pérdida de crédito
de la política. Está en marcha la ley de transparencia, objetada por
expertos porque deja zonas de sombra y porque mantiene el silencio
administrativo negativo y su efecto político ya se ha diluido. En el
Congreso no avanza la luz sobre actividades, viajes e ingresos de los
parlamentarios y, por supuesto, nadie se plantea en el PP mejoras en el
funcionamiento de la Cámara. Tampoco que la Comisión del Estatuto del
Diputado pueda investigar si son veraces los datos aportados cuando, por
ejemplo, niegan que sus empresas contraten con la administración. Al
presidente del Congreso,
Jesús Posada, se le reconoce talante, pero se lamenta que no sea proactivo frente al descrédito.
Tampoco hay disposición a endurecer los requisitos para lo que se
conoce como puerta giratoria, es decir, el paso de políticos a la
actividad privada. Hay casos como el de
Felipe González,
José María Aznar
o Juan José Güemes, entre otros, que tienen que ver con la ética, ya
que han superado los dos años de incompatibilidad. Pero hay otros,
como el de Elena Salgado,
sobre los que la Administración nunca ejerce su capacidad
investigadora, aunque sea evidente que fichan por empresas sobre las que
han tomado decisiones antes de que transcurra ese periodo de dos años.
A largo plazo, Justicia pondrá en marcha
una reforma del Código Penal
que endurece el tratamiento a delitos como la administración desleal,
la apropiación indebida, la malversación y la insolvencia punible, entre
otros puntos relacionados con la corrupción. Pero no se aplicarían a
los casos ya conocidos. Está pendiente para la futura ley de
Enjuiciamiento Criminal adaptar la promesa de
Alberto Ruiz-Gallardón
de eliminar la excepción de la responsabilidad de las personas
jurídicas que afecta a partidos y sindicatos. Significaría que en caso
de delito cometido en un partido, por ejemplo, con el reparto de
comisiones en forma de sobresueldos no declarados, habría
responsabilidad penal de la formación, es decir, de sus máximos
dirigentes, incluso sin probar que tomaron la decisión.
Dos instituciones claves están afectadas por supuestos chantajes
Sobre financiación de partidos, el PP alega que el caso de Bárcenas
tiene que ver con su propio enriquecimiento y que, por tanto, no es
precisa una reforma legal.
Las cuentas del PP están necesariamente
claras porque sus manejos no se declaran ni dejan rastro
. Si hubo
sobresueldos no estarán reflejados en las cuentas oficiales por mucho
que se busque. José Antonio Bermúdez de Castro, dirigente del PP,
explica que la ley ya se ha modificado esta legislatura, con acuerdo de
todos, para limitar las donaciones anónimas, prohibir aportaciones de
empresas con relación con las administraciones, que se publiquen las
condonaciones de deudas, que los créditos renegociados se limiten a
100.000 euros, que se obligue a auditorías internas y que se dé potestad
sancionadora al Tribunal de Cuentas.
El líder de la oposición,
Alfredo Pérez Rubalcaba,
formuló la semana pasada una propuesta de pacto contra la corrupción
que más bien es un compromiso de atajarla dentro de cada partido.
Sus
propuestas concretas, para mejorar el control, quedarán para su
conferencia de octubre. Al PSOE le preocupa combatir la etiqueta del
“todos son iguales”, que se traslada en las encuestas como un duro
castigo al bipartidismo.
Hay también una responsabilidad ciudadana porque el hastío por la
corrupción no lleva aparejado un rechazo a opciones afectadas
. Así,
Camps aumentó los escaños del PP en julio de 2011 cuando ya había
estallado Gürtel. En todo caso, la impresión de lodazal político no es
nuevo: En los 90 se vivió cuando coincidieron el caso Roldán, Filesa y
Naseiro, entre otros muchos. Entonces surgieron medidas como la creación
de la Fiscalía Anticorrupción y el endurecimiento de la ley de
financiación de partidos.
De esta crisis institucional aún no ha salido
ninguna propuesta
. Queda la Justicia, pero su actuación es siempre
lenta, a ritmo distinto al de la política, y cada vez con menos medios.
