El empresario Alex Sánchez Mollinger, socio de Iñaki Urdangarin en
varios negocios desde 2008, revela en la declaración más reciente
llevada a cabo
durante la instrucción del caso Nóos
que un supuesto testaferro del Duque de Palma intentó convencerle para
que declarara al juez que había recibido una cantidad de dinero por
servicios prestados para la empresa Aguas de Valencia (Agval).
Pero Sánchez Mollinguer se negó a testificar en ese sentido, con lo
que se desmoronaba una de las coartadas de Urdangarin para justificar
que no había cobrado 375.000 euros en cuentas suizas por sus tareas de
intermediación para la empresa Agval.
“En la primavera de 2012 me llamó Treviño [colaborador de Urdangarin
en sus contactos con Agval] para decirme que él había declarado que me
había pagado por mis trabajos para Agval y me dijo que me convenía
declarar a mí lo mismo. Pero yo no participé nunca en ese proyecto”,
declaró Sánchez Mollinger. “Nunca he cobrado para Urdangarin por importe
de 130.000 euros”, subrayó el empresario.
El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, rastrea un ingreso por esa
cantidad en la cuenta suiza de la empresa Arctic propiedad de Sánchez
Mollinger, con la sospecha de que podría tratarse de un pago a
Urdangarin a través de un testaferro.
La investigación judicial y los interrogatorios a la trama de testaferros montada en torno a este negocio
han acreditado que Aguas de Valencia
contrató los servicios de Urdangarin para buscar inversiones en el
extranjero y de nadie más. Por ese asesoramiento pagó lo establecido
(375.000 euros en tres plazos) a una cuenta que le indicó el Duque de
Palma y que estaba a nombre de una sociedad de Robert Cocks, un
intermediario que se quedó con una comisión del 5% de lo ingresado por
servir de tapadera al yerno del Rey.
Si Agval no preguntó por Robert Cocks, con quién no tenía ninguna
relación, fue porque, según testificó su máximo responsable, se fiaba
del Duque de Palma.
Sánchez Mollinguer explicó ante la policía y el fiscal anticorrupción
Pedro Horrach, en una declaración prestada en Barcelona el pasado 30 de
noviembre, que conoció en 2007 a Iñaki Urdangarin, con el que colaboró
en tres proyectos distintos.
En todos ellos, la mecánica era siempre la misma, Urdangarin hacía
los contactos, lograba los contratos y Sánchez Mollinguer trabajaba en
ellos y cobraba de los mismos a través de una de sus empresas llamada
Numa Capital.
Esta empresa, a su vez, se encargaba de pagar una parte de
los beneficios obtenidos
con los contratos logrados por el yerno del Rey a la sociedad Aizoon, propiedad de Urdangarin y su mujer, la infanta Cristina, a partes iguales.
“Urdangarin me presentó en 2008 al presidente del [equipo de fútbol]
Valencia y firmamos un contrato para buscarle patrocinadores y nuevos
accionistas, porque en aquel momento tenían una deuda importante.
Cobramos un fijo y pactamos un tanto por ciento si teníamos éxito en
nuestras gestiones
. Como no conseguimos nada, no cobramos el variable.
Tenía un acuerdo verbal por el que me repartía los honorarios.
Urdangarin facturó desde Aizoon contra Numa Capital”, explicó Sánchez
Mollinguer.
Tras el primer negocio conjunto, Urdangarin logró otro contrato con
el Banco Interamericano de Desarrollo, según recuerda Sánchez
Mollinguer. “Se adjudicó el Mundial de fútbol [de 2014] a Brasil y había
interés en desarrollar una hoja de ruta de cómo aprovechar el Mundial
para generar desarrollo y sacarle valor al evento
. Estuvimos en Brasil y
nos pidieron una extensión para los Juegos Olímpicos de 2016
. El
contrato lo trajo Urdangarin, repartiendo el dinero en base a los
trabajos realizados”.
La declaración de este último socio de Urdangarin figura en el último
tomo de la parte declarada, hasta hace muy poco secreta, del sumario
del caso Nóos.
El juez levantó la semana pasada el secreto de sumario tras recibir
el resultado de todas las comisiones rogatorias solicitadas para
investigar el tráfico de dinero en el exterior obtenido por Urdangarin y
su exsocio Diego Torres en España,
como consecuencia de los contratos a dedo que le adjudicaron distintas
administraciones públicas, principalmente los Gobiernos de Comunidad
Valenciana y Baleares.
El fiscal anticorrupción no ha decidido todavía si hay datos
solventes para imputar a Urdangarin un delito fiscal por sus ingresos de
la trama Nóos.
