Fachada del Banco de España. / CARLOS ROSILLO
La Asociación de Inspectores del Banco de España, que representa a más del 80% de los profesionales, denuncia irregularidades en los procesos de supervisión de las entidades financieras.
“Entre el informe de la inspección y la toma de decisiones de la Comisión Ejecutiva del Banco de España hay un excesivo nivel de filtros que solo tienen sentido para modular las conclusiones de la inspección, de modo que el informe de los inspectores no figura entre los documentos de los que dispone la Comisión Ejecutiva”, reza un informe elaborado por los inspectores en sus primeras páginas. Y añaden: “Todo ello ha conformado una organización en el Banco de España en la que se ha debilitado la autonomía funcional y/o la técnica de los inspectores, que perjudica el desarrollo efectivo de su tarea supervisora”.
Fuentes oficiales del supervisor no han querido comentar estas afirmaciones. Sin embargo, ante esta reivindicación, en otras ocasiones, el Banco de España ha argumentado que se tiene en cuenta la opinión de los inspectores, si bien se realizan resúmenes de sus inspecciones (que pueden tener más de 100 folios) para un funcionamiento más práctico. La toma de decisiones, comentan, es un sistema colegiado en donde la responsabilidad de la intervención de una entidad recae en la Dirección General de Supervisión y no en un grupo de inspectores.
La crítica de la Asociación es de gran calado porque sugiere que se ha modificado el sentido del informe del inspector que ha analizado la situación de una entidad con profundidad. La acusación llega tras una crisis financiera que dura ya más de cuatro años y en donde ha sido necesario socorrer a dos tercios de las antiguas cajas con más de 50.000 millones de dinero público.
La acusación de injerencia política en la actuación del Banco de España se ha acentuado en los últimos años, marcados por la quiebra de Bankia, que puso a España al borde del rescate total.
“Los procesos de tomas de decisiones son inadecuados y poco transparentes: [...] hay un excesivo nivel de filtros que solo tienen sentido para modular las conclusiones de la inspección”.
“La influencia de la industria [...] ha modulado la actual supervisión [...] se ha relajado la aplicación de medidas correctivas sobre las deficiencias observadas por los inspectores”.
“Se ha perdido la práctica habitual en otros momentos de la emisión de actas de inspección, que han sido sustituidas por relaciones de hechos o meras recomendaciones”.
“Las peticiones de la inspección [a las entidades] son desatendidas”.
“Se ha actuado de un modo excesivamente suave en relación con infracciones [...], se ha sido laxo en la política de remuneraciones estratosféricas [...] o en situaciones como las de Alfredo Sáenz y otros directivos condenados penalmente”.
“Los problemas se conocían, simplemente ha habido una falta de actuación”.
“La forma habitual de reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado. En el trabajo de la inspección aparecen con relativa frecuencia indicios de conductas que puedieran ser delictivas. No obstante, la finalidad del trabajo inspector se orienta hacia la detección de deterioros y evaluación de la gestión [...]. Esta circunstancia unida a la dificultad de probar conducta delictuales complejas hace que no se trabaje activamente en la persecución del delito”.
La Asociación de Inspectores ha dado el escrito, de 30 puntos, a la cúpula del Banco de España, dirigido por Luis Linde.
La institución está revisando los fallos cometidos en la supervisión
por mandato de Bruselas. Tras entregar el dinero del rescate bancario,
la troika (Comisión Europea, BCE y FMI), ha exigido al Banco de España
“una revisión interna formal para detectar deficiencias e introducir las
mejoras precisas”.
En el informe, titulado Mejoras en los procesos de supervisión del Banco de España, también se acusa a la dirección de que “la reacción ante los indicios de delito” hallados en la inspección, “es mirar hacia otro lado”.
Además de reforzar la condición de los inspectores como agentes de la autoridad y con categoría de altos funcionarios, proponen incrementar la transparencia en la toma de decisiones. “No existe en la actualidad un procedimiento de rendición de cuentas y el sistema implantado de facto carece de la necesaria transparencia”, señalan en el primer punto. Los inspectores afirman que “los procesos de toma de decisiones” en la institución “son inadecuados y poco transparentes”.
Para elevar el control sobre los gestores del Banco de España, los inspectores piden que sus obligaciones no se limiten “a la publicación de una memoria anual de supervisión” y a las comparecencias en el Parlamento. Reclaman que se conozcan “cuántos elementos emplea el banco para formar su criterio en materia supervisora, siempre que estos elementos deban ser conocidos”.
El primer paso para que haya luz y taquígrafos es que los autores de los informes se hagan responsables del contenido con su firma, algo que ahora no ocurre.
“Cada actuación supervisora debe estar adecuadamente identificada. Cada informe debe ser firmado; ahora no ocurre y no son asumidos por nadie”, apuntan.
“En el caso de existir discrepancias entre los inspectores, los jefes de grupo y los directores de departamento, debe quedar expresa constancia de las mismas firmadas por cada responsable”, solicitan. La prueba de este problema llegó en la investigación judicial del caso Bankia. En dicho sumario, aparecieron informes sobre los graves problemas de gestión de Caja Madrid y de Bankia sin nombres ni firmas de los autores. En el Banco de España se considera que si algún documento oficial no está firmado, es la Dirección General de Supervisión la que se hace responsable de él.
También pide el informe más “responsabilidad de las actuaciones” del supervisor, en relación con los acuerdos tomados en los comités (ejecutivos, de política monetaria y de estabilidad financiera)”. En resumen, se reclama “una saludable fiscalización democrática que contribuya a asegurar que las autoridades se ocupan de los problemas de su competencia”.
Buena parte de estas mejoras, se podrían recoger en el “código bancario” que a finales de este año debe presentar el Banco de España al Gobierno, dicen los inspectores. Además de refundir normativa, reclaman que se incluyan “las interpretaciones y acuerdos internos del Banco que afecten a los administrados”. Otros bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, hacen públicas sus deliberaciones pasado cierto tiempo. El objetivo que se persigue es presionar sobre los consejeros y que rechacen posiciones dudosas al saber que sus declaraciones van a ser conocidas pasado un tiempo.
“Entre el informe de la inspección y la toma de decisiones de la Comisión Ejecutiva del Banco de España hay un excesivo nivel de filtros que solo tienen sentido para modular las conclusiones de la inspección, de modo que el informe de los inspectores no figura entre los documentos de los que dispone la Comisión Ejecutiva”, reza un informe elaborado por los inspectores en sus primeras páginas. Y añaden: “Todo ello ha conformado una organización en el Banco de España en la que se ha debilitado la autonomía funcional y/o la técnica de los inspectores, que perjudica el desarrollo efectivo de su tarea supervisora”.
Fuentes oficiales del supervisor no han querido comentar estas afirmaciones. Sin embargo, ante esta reivindicación, en otras ocasiones, el Banco de España ha argumentado que se tiene en cuenta la opinión de los inspectores, si bien se realizan resúmenes de sus inspecciones (que pueden tener más de 100 folios) para un funcionamiento más práctico. La toma de decisiones, comentan, es un sistema colegiado en donde la responsabilidad de la intervención de una entidad recae en la Dirección General de Supervisión y no en un grupo de inspectores.
La crítica de la Asociación es de gran calado porque sugiere que se ha modificado el sentido del informe del inspector que ha analizado la situación de una entidad con profundidad. La acusación llega tras una crisis financiera que dura ya más de cuatro años y en donde ha sido necesario socorrer a dos tercios de las antiguas cajas con más de 50.000 millones de dinero público.
La acusación de injerencia política en la actuación del Banco de España se ha acentuado en los últimos años, marcados por la quiebra de Bankia, que puso a España al borde del rescate total.
Las principales denuncias
EL PAÍS
“No existe en la actualidad un procedimiento de rendición de cuentas y
el sistema implantado de facto carece de la necesaria transparencia”.“Los procesos de tomas de decisiones son inadecuados y poco transparentes: [...] hay un excesivo nivel de filtros que solo tienen sentido para modular las conclusiones de la inspección”.
“La influencia de la industria [...] ha modulado la actual supervisión [...] se ha relajado la aplicación de medidas correctivas sobre las deficiencias observadas por los inspectores”.
“Se ha perdido la práctica habitual en otros momentos de la emisión de actas de inspección, que han sido sustituidas por relaciones de hechos o meras recomendaciones”.
“Las peticiones de la inspección [a las entidades] son desatendidas”.
“Se ha actuado de un modo excesivamente suave en relación con infracciones [...], se ha sido laxo en la política de remuneraciones estratosféricas [...] o en situaciones como las de Alfredo Sáenz y otros directivos condenados penalmente”.
“Los problemas se conocían, simplemente ha habido una falta de actuación”.
“La forma habitual de reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado. En el trabajo de la inspección aparecen con relativa frecuencia indicios de conductas que puedieran ser delictivas. No obstante, la finalidad del trabajo inspector se orienta hacia la detección de deterioros y evaluación de la gestión [...]. Esta circunstancia unida a la dificultad de probar conducta delictuales complejas hace que no se trabaje activamente en la persecución del delito”.
En el informe, titulado Mejoras en los procesos de supervisión del Banco de España, también se acusa a la dirección de que “la reacción ante los indicios de delito” hallados en la inspección, “es mirar hacia otro lado”.
Además de reforzar la condición de los inspectores como agentes de la autoridad y con categoría de altos funcionarios, proponen incrementar la transparencia en la toma de decisiones. “No existe en la actualidad un procedimiento de rendición de cuentas y el sistema implantado de facto carece de la necesaria transparencia”, señalan en el primer punto. Los inspectores afirman que “los procesos de toma de decisiones” en la institución “son inadecuados y poco transparentes”.
Para elevar el control sobre los gestores del Banco de España, los inspectores piden que sus obligaciones no se limiten “a la publicación de una memoria anual de supervisión” y a las comparecencias en el Parlamento. Reclaman que se conozcan “cuántos elementos emplea el banco para formar su criterio en materia supervisora, siempre que estos elementos deban ser conocidos”.
El primer paso para que haya luz y taquígrafos es que los autores de los informes se hagan responsables del contenido con su firma, algo que ahora no ocurre.
“Cada actuación supervisora debe estar adecuadamente identificada. Cada informe debe ser firmado; ahora no ocurre y no son asumidos por nadie”, apuntan.
“En el caso de existir discrepancias entre los inspectores, los jefes de grupo y los directores de departamento, debe quedar expresa constancia de las mismas firmadas por cada responsable”, solicitan. La prueba de este problema llegó en la investigación judicial del caso Bankia. En dicho sumario, aparecieron informes sobre los graves problemas de gestión de Caja Madrid y de Bankia sin nombres ni firmas de los autores. En el Banco de España se considera que si algún documento oficial no está firmado, es la Dirección General de Supervisión la que se hace responsable de él.
También pide el informe más “responsabilidad de las actuaciones” del supervisor, en relación con los acuerdos tomados en los comités (ejecutivos, de política monetaria y de estabilidad financiera)”. En resumen, se reclama “una saludable fiscalización democrática que contribuya a asegurar que las autoridades se ocupan de los problemas de su competencia”.
Buena parte de estas mejoras, se podrían recoger en el “código bancario” que a finales de este año debe presentar el Banco de España al Gobierno, dicen los inspectores. Además de refundir normativa, reclaman que se incluyan “las interpretaciones y acuerdos internos del Banco que afecten a los administrados”. Otros bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, hacen públicas sus deliberaciones pasado cierto tiempo. El objetivo que se persigue es presionar sobre los consejeros y que rechacen posiciones dudosas al saber que sus declaraciones van a ser conocidas pasado un tiempo.
