Málaga rechaza ser responsable de que la última víctima de violencia machista no recibiera teleasistencia .
José R. C., de 41 años y supuesto asesino de su ex pareja, Susana G., de 37, ayer en Málaga eludió una condena de 14 meses de cárcel por amenazas y maltrato simple siguiendo un curso de concienciación en materia de igualdad.
El hombre, que fue condenado en julio de 2010 por un juzgado de Violencia contra la Mujer, inició el curso en noviembre pasado y llegó a asistir a nueve de las 25 sesiones de que consta el programa, según fuentes penitenciarias.
La suspensión de las condenas con la condición de no volver a delinquir en un plazo determinado -en este caso dos años- y por seguir programas formativos, contemplado en el Código Penal, es muy habitual en las condenas de violencia de género.
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La muerte de Susana G., ha generado una polémica entre el Ayuntamiento de Málaga y la Secretaría de Estado de Igualdad acerca del fallido acceso de la víctima al servicio de teleasistencia -un teléfono móvil con acceso directo a policías expertos en violencia de género-.
La jefa del área de la Mujer del consistorio malagueño, Gemma del Corral, ha esgrimido esta mañana un correo electrónico por el que la empresa Eulen -adjudicataria del servicio de teleasistencia- le comunicaba al Ayuntamiento que la comisión de seguimiento del extinto Ministerio de Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que la solicitud de Susana G. había "sido denegada" (...) "a pesar de cumplir con los requisitos de acceso al programa" de teleasistencia.
Del Corral, que ha afirmado que el Ayuntamiento no tiene capacidad ni competencia para denegar este servicio y que la labor municipal se limita a tramitar el expediente, ha salido al paso de las manifestaciones que realizó ayer Miguel Lorente, delegado del Gobierno contra la Violencia de Género.
Lorente aseguró que Igualdad "nunca denegó" la solicitud de la víctima, sino que la solicitud enviada por el Ayuntamiento a través de Eulen "no se cumplimentó correctamente" y que se comunicó esta circunstancia "por teléfono" al municipio.
"El expediente está completo, y nadie nos requirió ninguna información accesoria.
La solicitud ha sido denegada, lo que evidencia cómo funciona el sistema, debemos trabajar todos para mejorarlo", ha considerado Del Corral.
"No busquen la responsabilidad en el Ayuntamiento", ha insistido la responsable municipal de la Mujer, que ha reflexionado sobre la necesidad de reformar la Ley Integral de Violencia de Género para centrar las medidas en los maltratadores, que son los que matan y a los que hay que vigilar".
Del Corral ha señalado que en junio de 2010, una circular de la FEMP modificaba los criterios de concesión del servicio de teleasistencia móvil, después de que las competencias pasaran del Imserso al Ministerio de Igualdad.
La circular añade nuevos requisitos para que la víctima pueda tener el teléfono con botón de pánico, entre ellos la valoración policial del riesgo de la mujer.
Por su parte, Miguel Lorente, delegado del Gobierno contra la Violencia de Género ha calificado de "imprudentes" las declaraciones de Del Corral e insistió en que la solicitud de teleasistencia tramitada por el Ayuntamiento para la víctima "era incorrecta".
"La teleasistencia, en este caso, no habría servido para nada ya que el agresor la atacó por la espalda.
La teleasistencia no es un sistema
de protección. De esa agresión premeditada no la hubiera podido salvar nadie.
Me preocupa que se haya transmitido a la sociedad que el homicidio se ha producido por unos supuestos errores y no por la decisión de un hombre de acabar con la vida de su mujer",
ha afirmado Lorente en declaraciones a Servimedia.
Susana G. denunció a su ex esposo J. R. C., de 41 años, por maltrato y amenaza en 2010. El hombre fue condenado a 14 meses de cárcel que quedaron en suspenso -como sucede en la mayoría de los casos de maltrato simple- a cambio de que siguiera unos cursos en materia de igualdad.
Este curso fue aprobado por los servicios sociales penitenciarios el pasado 8 de noviembre, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Además, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga decretó una orden de alejamiento de 500 metros de su víctima.
Esta mañana, la consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, ha manifestado en Córdoba que "no se puede permitir que una mujer que ha presentado una denuncia termine siendo asesinada". Navarro pidió al Gobierno, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que se coordinen "al máximo".
La consejera ha afirmado que "es gravísimo que por un error en el formulario hoy se esté hablando de un nuevo asesinato".
En realidad, el programa de teleasistencia no está concebido para proteger la integridad física de la víctima, sino que se plantea como un recurso de acompañamiento y asesoría a la mujer mientras esté vigente una orden judicial de alejamiento.
