El copago sanitario ya está en los impuestos

La idea de cobrar por receta o visita al médico toma fuerza ante el fantasma de nuevos ajustes -
El sistema está en marcha en Francia y Alemania - El gran riesgo es extender la desigualdad .
Al sistema sanitario español le aprietan las costuras. Instaurado hace 25 años, y tras el revulsivo que supuso la descentralización que acabó en 2003, arrastra un déficit que ronda los 10.000 millones de euros.
 Gratuito y casi universal, supone el 6,2% del PIB español.
 Con esos números, el objetivo de ahorrar es una constante.
Y, periódicamente, llegan las propuestas de implantar un copago o tique moderador: que los usuarios paguen una cantidad simbólica, por ir al médico o al hospital, o que participen en gastos como la comida que se les da cuando están ingresados.




La idea no es nueva.
Ya en 1991 el informe Abril lo sugirió, pero nadie se ha atrevido a aplicarlo.
El lunes pasado, en una entrevista a EL PAÍS, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, volvió a mencionar la idea: "En este momento, a 31 de enero de 2011 [el copago], no está en la agenda inmediata, por más que se utiliza en muchos países.
No será en este momento, pero es algo que habrá que reconsiderar en el futuro", dijo.
La declaración encendió las alarmas en el Gobierno.
Al día siguiente el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, le desmintió. El ahorro que representa el copago "es muy escaso" y "no merece la pena", dijo.



También la ministra de Sanidad es tajante. "La postura del Gobierno sobre este asunto no es una postura dogmática, ni siquiera ideológica.
Es una postura después de haber estudiado el modelo sanitario de otros países europeos y de ver si merece la pena o no introducir una medida que recaiga directamente en el bolsillo de los ciudadanos en función, no ya de su renta, sino de si necesitan más la sanidad o no.
Y en eso no estoy de acuerdo por varias razones: primero, porque no ahorra lo suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema.
En segundo lugar, porque puede producir un riesgo serio de inequidad, ya que un ciudadano que tenga que pagarse una radiografía y que tenga problemas económicos puede dejar de hacérsela".



Debe de ser una de las pocas propuestas sanitarias que despierta unanimidad en los partidos mayoritarios.
La exministra de Sanidad y secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, es tajante en su rechazo: "Rotundamente, no", dice cuando se le pregunta. "Los ciudadanos ya pagan la sanidad con sus impuestos", afirma.
 "Lo que se necesita son reformas estructurales, para las que ya están las dos hojas de ruta: la ley de ordenación de las profesiones sanitarias y la de cohesión y calidad [ambas se aprobaron siendo ella ministra]", afirma.



IU va más allá. Su único diputado, Gaspar Llamazares, que es además presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso y médico, cree que las declaraciones como las del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, "no son gratuitas ni improvisadas".
"Por el contrario, el equipo económico del Gobierno, con la vicepresidenta segunda Salgado al timón [también exministra de Sanidad], realizan manifestaciones de estas características de forma intencionada y en momentos puntuales de la crisis económica", añade.
 "Pretenden marcar así el rumbo a otros Ministerios, como el de Sanidad, sin importarles tampoco ignorar al Congreso de los Diputados, que ya ha rechazado en esta legislatura esta fórmula por unanimidad, tras una iniciativa registrada por Izquierda Unida.
Y esa unanimidad, por supuesto, incluyó el voto de los diputados socialistas".



El mismo día 2, el grupo parlamentario IU-ICV-ERC presentó una proposición en la que se afirma que el Congreso de los Diputados reitera su "rechazo de la introducción de fórmulas de copago (euro, tique, etcétera) por parte de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, al entender que afectarían gravemente a principios básicos del derecho constitucional a la salud, como la accesibilidad, la universalidad y la gratuidad de la atención integral de salud sin aportar, a cambio, avances significativos en la organización de la demanda y mucho menos en la financiación del Sistema Nacional de Salud".



Los mismos argumentos son los repetidos por organizaciones como el Foro Español de Pacientes o la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública.
 Pero detrás de esta postura firme, se atisban fisuras.
Prueba de que hay una corriente favorable, aunque no lo suficientemente fuerte como para imponerse, ha sido el debate en Cataluña.
El melón del copago lo abrió en 2004, durante la primera legislatura del tripartito, la consejera de Salud, Marina Geli.
Ya entonces se hablaba de que la época de vacas gordas había tocado fin y que la endeudada sanidad catalana (2.900 millones de euros) necesitaba de "sacrificios individuales", que se vaticinaban añadidos a la implantación del céntimo sanitario por litro de gasolina.
Semanas después, el Gobierno catalán rectificó y aseguró que "nunca impondría" el sistema de copago para financiar el sistema.
Pero no había pasado ni un mes cuando Geli anunció que estudiaría el pago de un euro por visita para regular la demanda. Un grupo de sabios consultado por la Generalitat lo descartó. Tanto cambio de opinión responde, en parte, a la disparidad de opiniones en el seno del tripartito. La idea se retomó y se volvió a rechazar en 2008 entre presiones de oposición y pacientes. Con la llegada de Convergència i Unió al poder, el actual consejero, Boi Ruiz, sostiene que no es el momento. "Son medidas a tomar en su momento, pero no ahora", dijo ante el Parlamento, y defendió que no se puede exigir un sobrecoste a colectivos como los parados o los jubilados.



Esta unanimidad contra el copago contrasta con lo que sucede en otros países. En 2004, con Jacques Chirac en la presidencia de la República, Francia impuso el copago sanitario en las consultas médicas.
A partir de entonces, los franceses pagan un euro cada vez que acuden al médico, al especialista, se hacen un análisis o una radiografía.
La medida tenía dos objetivos: concienciar a la población de que la medicina pública debía usarse con moderación y aliviar algo las exhaustas arcas de la Seguridad Social francesa.
Hay pocas excepciones a esta medida.
 Solo se libran los afectados por una enfermedad de larga duración, los que sufren una baja laboral permanente, los titulares de una pensión por invalidez, los jubilados o las mujeres embarazadas a partir del sexto mes.



En su tiempo, las asociaciones de pacientes -muy poderosas en Francia-, los consumidores y los sindicatos médicos se opusieron con fuerza a este copago.
Igual que ahora en España, por cierto.
Con el tiempo, aquella medida pionera se ha revelado como la primera de una serie de pequeños recortes en la sanidad pública francesa. "Aquello fue el principio", recuerda el periodista especializado en asuntos médicos Cyril Dupuis.
Es cierto: ya con Nicolas Sarkozy como jefe del Estado, se han producido modificaciones: desde 2008 cada francés debe pagar también 50 céntimos de euro por cada medicamento, cada visita al fisioterapeuta, y para los médicos de enfermería. También tienen que pagar 50 céntimos para el transporte al hospital o al centro médico. Nunca, en cualquier caso, el usuario debe pagar más de 50 euros al año.



Francia no está sola.
 El copago rige para servicios proporcionados por la asistencia publica, como por ejemplo la consulta de un médico especializado (dermatólogo, ortopeda, etcétera).
Y es eje central de la reforma que se aprobó en noviembre pasado.
Hasta entonces, el paciente pagaba un 10% del servicio, que suele corresponder a un mínimo de cinco y un máximo de 10 euros.
 El pago del servicio vale para tres meses, en los que el paciente puede acudir a la misma consulta las veces que quiera sin pagar más.
Esta suma, sin embargo, puede ahora ser aumentada por las mutuas, según sus necesidades.
 "El problema es que esos costes ulteriores los tendrá que soportar únicamente el empleado sin participación alguna del dueño de la empresa", añade Karl Lauterbach, experto en sanidad del Partido Socialdemócrata, en la oposición, quien condena además la reforma por ser demasiado poco transparente.



El Gobierno defendió la reforma en particular porque permitía ahorrar y porque permitiría bajar los precios de los fármacos. "Esta ley hará el sistema sanitario mejor y más justo", argumentó el ministro de Sanidad Philipp Rösler.



Quizá la postura que mejor defina lo que piensan los políticos sea la de otro exministro, Bernat Soria, que ha presentado un informe sobre el sistema sanitario patrocinado por el laboratorio Abbott.
Soria, como sus excompañeros, recuerda que "el copago ya existe" en los medicamentos, que los trabajadores en activo pagan en parte (el 40% si están en el régimen general de la Seguridad Social).
Por eso cree que si se implanta, "sería un repago, un pago adicional e individualizado". "Parece más razonable plantear una gestión más eficiente y la corresponsabilidad de todos los agentes, por ejemplo, reforzando la figura del personal sanitario".



Hasta aquí, todo en línea. Pero Soria matiza todo esto con un "de momento".
Lo mismo que dijo el secretario de Estado de Hacienda -"no será en este momento"- o el consejero catalán Boi Ruiz.
 O subyace en las opiniones de Ana Pastor o Leire Pajín, cuando dicen que "antes" hay muchas cosas por hacer.
Lo que no está claro es qué pasará después. Seguro que se vuelve a hablar de copago.



Con información de Clara Blanchar (Barcelona), Antonio Jiménez Barca (París) y Laura Lucchini (Berlín).

Ellos son maduros, ellas son viejas

La BBC repone en antena a una presentadora de 63 años -
 Otra periodista, diez años menor, gana una querella al ente público británico por discriminación .
La reaparición del rostro veterano de Julia Somerville presentando el telediario del primer canal de la BBC los sábados por la noche se ha convertido en una noticia en sí misma en el Reino Unido.
Y no porque sea una celebridad o un personaje especialmente adicto a los pasillos del famoseo, sino por la edad de la periodista, 63 años.
Su incorporación al boletín encarna la reacción de la radiotelevisión pública ante las acusaciones de discriminación de las que ha sido objeto por parte de las trabajadoras de la casa que "ya no son tan jóvenes".




Nadie cuestiona la continuidad de Bruce Forsyth en la tele a los 83 años

El eufemismo tiene su sentido en esta historia, puesto que su colega Miriam O'Reilly sólo contaba 53 años cuando fue despedida por razones de edad como presentadora del programa de la cadena sobre la vida en el campo (Countryfile).
 Así lo determinó a mediados de enero el juez que decidió a favor de la periodista en su querella contra la BBC, aunque el fallo descartaba una impronta sexista en la decisión. La percepción del público es, sin embargo, muy diferente.
 Al igual que resultan muy creíbles las alegaciones de O'Reilly de que sus jefes llegaron a sugerirle que se retocara las arrugas con botox, a nadie se le ocurre que hicieran nunca lo mismo con Bruce Forsyth, perenne maestro de ceremonias de Strictly come Dancing (versión británica de Mira quién baila), pese a a haber celebrado ya su 83 cumpleaños.



El grueso de la prensa se felicita estos días de la permanencia de Forsyth en la nueva edición del popular programa, pero pocos recuerdan la reciente baja como jurado de la ex bailarina y coreógrafa Arlene Phillips, despedida de la BBC porque, a sus 61 años, no respondía a los nuevos cánones de telegenia.
Strictly Come Dancing convirtió a Phillips en un personaje popular, quizá el único que realmente sabía de baile, y desde entonces ha utilizado esos réditos para producir un musical en el West End londinense.



Todo el asunto encierra una gran hipocresía: mientras los comentaristas televisivos siguen deshaciéndose en elogios ante la credibilidad que ha conseguido aportar Somerville a la BBC, los sondeos que manejan todos los canales indican que las audiencias se disparan cuando emergen físicos femeninos jóvenes y atractivos.
En el caso de los presentadores de sexo masculino la audiencia parece mucho más generosa.
Selina Scott, la periodista británica que se hizo famosa entre el público español por su entrevista con el rey Juan Carlos en vísperas de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla, cobró a finales de 2008 una cifra estimada en 300.000 euros para frenar una denuncia contra el Channel Five por discriminación. El canal privado se desdijo en una oferta de trabajo que le forzó a cancelar otros compromisos, alegando que era "demasiado vieja". Dos presentadoras mucho más jóvenes acabaron sustituyendo a Scott en el puesto.



"Me llamo Harriet Harman y soy la número dos del Partido Laborista. ¿No va siendo hora de que una mujer presente su programa?"
La misiva de la destacada dirigente de la oposición, transmitida por una red social de internet, estaba dirigida a David Dimbledy, uno de los periodistas más prestigiosos del panorama audiovisual británico y maestro de ceremonias, durante más de tres lustros, del programa Question Time, una bandera de la calidad de la BBC.
Nadie se atreve a cuestionar que la profesionalidad y rigor de Dimbleby se imponga en toda regla ante su condición de septuagenario.
Pero el periodista ha decidido abandonar la emisión, sencillamente porque los recortes en el ente público han forzado el traslado del rodaje a Glasgow, donde no desea instalarse.



La misma BBC que hoy considera un revés la marcha de Dimbleby decidió prescindir, en 2007, de la afrocaribeña Moira Stewart como presentadora de uno de sus principales informativos televisados.
 Los 58 años de madurez y experiencia que entonces aparecían como una barrera insoslayable en la pequeña pantalla, se trocaron en jugosos contratos publicitarios para Stewart.
Quizá de forma tardía, el ente público ha tomado nota propiciando el regreso de la periodista... aunque sólo sea en las ondas de la radio.

Secretaria y amante de Néstor Kirchner

La ayudante del político fallecido revela que mantuvieron una larga relación .
Las revelaciones de Elizabeth Miriam Quiroga, la que fue secretaria de Néstor Kirchner, sobre su supuesta relación con el fallecido expresidente, han sacudido a la clase política argentina.

Quiroga, que trabajó con Kirchner desde los años noventa hasta su muerte, ocurrida el pasado 27 de octubre, ha revelado a la revista Noticias que fue amante del exmandatario.



La secretaria decidió hablar sobre su supuesta relación con Kirchner después de que el 5 de enero fuera despedida de su cargo como directora del Centro de Documentación Presidencial.
 Ella cree que detrás de todo está la actual presidenta, viuda de Kirchner.
Según la revista, Quiroga conoció a Kirchner en los años noventa, cuando él era gobernador de la provincia de Santa Cruz y se trasladó después a Buenos Aires, cuando asumió la presidencia de Argentina, en 2003.
"Es vox pópuli que era la amante de Kirchner", confiesa Quiroga en la entrevista publicada por Noticias.
 "Teníamos una unión muy fuerte. Dejé todo para venirme con él desde el sur".



Elizabeth Miriam Quiroga niega que Kirchner sea el padre de su hija de 11 años y aprovecha la entrevista para cargar contra antiguos colaboradores del expresidente.

La lonja DAVID TRUEBA

La puja por el fútbol televisado es la lonja del pescado en versión siglo XXI.
Los tiempos cambian, pero el pescado es caro. Digital + se ha adjudicado los derechos de retransmisión en pago de un partido semanal de la Champions, que es el nombre hortera de la tradicional Copa de Europa.
Los perdió en el trienio pasado a manos de GolTV, pero los recuperará entre 2012 y 2015.
No se han hecho públicas las cantidades, pero en su momento sabremos a cuánto sale el minuto de partido y se harán una idea aproximada de lo que dilapida un jugador cuando finge una falta grave o lo que se pierde cada vez que un portero tarda en sacar de fondo.




Si las cadenas pagaran esos millones por retransmitir pimpón, todos sabríamos quién es Wang Hao.
La consecuencia del desembolso por el fútbol es la importancia desmesurada que recibe por parte de los medios.
Los derechos para abierto se resolverán entre Antena 3, Tele 5 y el consorcio de teles públicas.
Las privadas denuncian que en tiempos de crisis el dinero público no debería destinarse a comprar derechos de partidos.
Es un debate que los españoles siguen con indiferencia.
 Si la televisión pública existe no puede dejar de comportarse como un empresa competitiva y razonablemente bien gestionada. Si compite por el fútbol lo hace por una cuenta de resultados que compense su programación en terrenos minoritarios.
En un mundo ideal, tendría que producir asco que el dinero público fomente la burbuja del fútbol. Solo Madrid y Barça reciben cada uno casi 160 millones de euros en derechos televisivos.
Pero tampoco es encomiable que otros paguen a Julián Muñoz y similares.
Un país sin iniciativa privada en arte, cultura, investigación y deportes menos populares, necesita una televisión pública fuerte.
Pero como es un debate fundamental, todos en silencio. Mejor decir tocinadas sobre la ley antitabaco.