La modelo hispano alemana Soraya, que denunció por un caso de supuesta violación -archivado por ausencia de pruebas- al magnate de las finanzas y príncipe de Arabia Saudí Al Waleed bin Talal bin Abdulaziz al Saud, quiere ser parte, como acusación particular, en la causa penal del caso Palma Arena en la que se investigan los presuntos negocios sucios con fondos públicos de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
El juez José Castro ha reclamado al representante de Soraya, el letrado Max Turiel, “que acredite qué perjuicios ha experimentado como consecuencia de los hechos investigados”.
La causa penal alude a la presunta malversación de 3,5 millones de caudales públicos de los 10 millones recibidos por el Instituto Nóos de Urdangarin y Torres por parte del Gobierno de Baleares y de la Comunidad Valenciana.
El seudosindicato ultraderechista Manos Limpias, el Gobierno de Baleares y el Partido Popular actúan como acusaciones en el llamado caso Urdangarin que impulsa la Fiscalía Anticorrupción.
La mujer que pretende personarse –que divulgó en los medios y en los tribunales el supuesto episodio de abusos sexuales del que dijo haber sido víctima tras ser narcotizada- dice en su escrito remitido al juez que su “interés legítimo” para actuar en la causa es “por la participación de alguno de los imputados de la empresa Mixta África”.
Urdangarin es asesor personal de la compañía inmobiliaria Mixta África, de la que posee el 0,09% de las acciones del capital y de la que llegó a cobrar hasta 257.000 euros en un año, el 2007 hasta sumar 368.000 euros en tres años
. El príncipe saudí es el primer propietario de la multinacional de viviendas baratas en países del sur y controla una de las 20 mayores fortunas mundiales.
Mixta África formalizó un contrato con el duque de Palma para “la prestación de servicios en aras a clarificar el contenido”, tras operar y cobrar un año sin respaldo documental. El duque de Palma cobra para “fijar las líneas estratégicas en la gestión, operación, consolidación de la sociedad y sus filiales”.
La Audiencia de Palma decretó en marzo de 2011 el sobreseimiento provisional de la causa que investigaba la denuncia de Soraya, de 23 años, contra el príncipe sobre un supuesto episodio de 2008 en un megayate anclado en el puerto de Ibiza.
Tras conocerse el carpetazo judicial, el rey Juan Carlos mostró su “alegría” y su “felicitación” al magnate saudí, que había escrito, por dos veces al monarca reclamándole ayuda
. Don Juan Carlos le aconsejó que confiara en la Justicia, independiente, y que tomara los servicios de un abogado en España. Al Waleed contrató al bufete de Horacio Oliva e Ignacio Ayala.
La defensa de Soraya advirtió, entonces, que el asunto no estaba cerrado.
El juez José Castro ha reclamado al representante de Soraya, el letrado Max Turiel, “que acredite qué perjuicios ha experimentado como consecuencia de los hechos investigados”.
La causa penal alude a la presunta malversación de 3,5 millones de caudales públicos de los 10 millones recibidos por el Instituto Nóos de Urdangarin y Torres por parte del Gobierno de Baleares y de la Comunidad Valenciana.
El seudosindicato ultraderechista Manos Limpias, el Gobierno de Baleares y el Partido Popular actúan como acusaciones en el llamado caso Urdangarin que impulsa la Fiscalía Anticorrupción.
La mujer que pretende personarse –que divulgó en los medios y en los tribunales el supuesto episodio de abusos sexuales del que dijo haber sido víctima tras ser narcotizada- dice en su escrito remitido al juez que su “interés legítimo” para actuar en la causa es “por la participación de alguno de los imputados de la empresa Mixta África”.
Urdangarin es asesor personal de la compañía inmobiliaria Mixta África, de la que posee el 0,09% de las acciones del capital y de la que llegó a cobrar hasta 257.000 euros en un año, el 2007 hasta sumar 368.000 euros en tres años
. El príncipe saudí es el primer propietario de la multinacional de viviendas baratas en países del sur y controla una de las 20 mayores fortunas mundiales.
Mixta África formalizó un contrato con el duque de Palma para “la prestación de servicios en aras a clarificar el contenido”, tras operar y cobrar un año sin respaldo documental. El duque de Palma cobra para “fijar las líneas estratégicas en la gestión, operación, consolidación de la sociedad y sus filiales”.
La Audiencia de Palma decretó en marzo de 2011 el sobreseimiento provisional de la causa que investigaba la denuncia de Soraya, de 23 años, contra el príncipe sobre un supuesto episodio de 2008 en un megayate anclado en el puerto de Ibiza.
Tras conocerse el carpetazo judicial, el rey Juan Carlos mostró su “alegría” y su “felicitación” al magnate saudí, que había escrito, por dos veces al monarca reclamándole ayuda
. Don Juan Carlos le aconsejó que confiara en la Justicia, independiente, y que tomara los servicios de un abogado en España. Al Waleed contrató al bufete de Horacio Oliva e Ignacio Ayala.
La defensa de Soraya advirtió, entonces, que el asunto no estaba cerrado.
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